¿Qué ha cambiado con el Convenio de Albufeira de 1998?

El objeto y el ámbito del Convenio de Albufeira de 1998 es mucho más amplio que el de los Acuerdos anteriores. Como su nombre indica, estamos ante un «Convenio sobre Cooperación para la Protección y el Aprovechamiento Sostenible de las Aguas de las Cuencas Hidrográficas Hispano-Lusas». Los convenios anteriores usaban la noción limitada de “río internacional”, claramente desfasada, tanto en Derecho internacional como en el de la Unión Europea. Además, como esos convenios se limitaban a los tramos fronterizos y a las aguas superficiales, las aguas subterráneas  al no estar cuantificadas, no podían ser objeto de reparto.  En lo que se refiere a su objetivo, éste también es claramente diferente en 1998: cooperar para proteger y aprovechar de modo sostenible las aguas de las cuencas internacionales. En los anteriores convenios, el objetivo era repartir los caudales, y ambas Partes se limitaban a los usos hidroeléctricos (1964) e hidráulicos (1968).

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Dado las características de los Convenios anteriores, era necesario negociar un nuevo Acuerdo, sobre lo que existía un amplio consenso derivado de las varias limitaciones que sufrían los Convenios anteriores a 1998:

  • Su ámbito de aplicación:  estaban limitados a los tramos fronterizos y a las aguas superficiales;
  • Su objetivo principal era la producción energética. Los Convenios anteriores a 1998  estaban destinados, principalmente, a maximizar la producción de electricidad por ambas Partes. La falta de normas procesales relativas a la  información, consulta y monitorización de parámetros comparables;
  • La falta de sensibilidad ambiental: la preocupación por la protección ambiental de las aguas e ecosistemas terrestres asociados a las mismas, como las zonas húmedas, era prácticamente inexistente.

Hay que subrayar que el objeto y el ámbito del Convenio de Albufeira de 1998 es mucho más amplio que el de los Acuerdos anteriores. Como su nombre indica, estamos ante un «Convenio sobre Cooperación para la Protección y el Aprovechamiento Sostenible de las Aguas de las Cuencas Hidrográficas Hispano-Lusas». Los convenios anteriores usaban la noción limitada de “río internacional”, claramente desfasada, tanto en Derecho internacional como en el de la Unión Europea. Además, como esos convenios se limitaban a los tramos fronterizos y a las aguas superficiales, las aguas subterráneas  al no estar cuantificadas, no podían ser objeto de reparto.  En lo que se refiere a su objetivo, éste también es claramente diferente en 1998: cooperar para proteger y aprovechar de modo sostenible las aguas de las cuencas repartidas. En los anteriores convenios, el objetivo era repartir los caudales, y ambas Partes se limitaban a los usos hidroeléctricos (1964) e hidráulicos (1968). La última diferencia a destacar es que, mientras el Convenio de 1998 contempla los principios del Derecho comunitario[1] e internacional aplicables, los convenios anteriores parecen haber sido redactados sin tenerlos en cuenta[2]. Tal vez razones histórico-políticas derivadas del aislamiento, tanto de España como de Portugal, y consecuente atraso tecnológico -ambos países en régimen dictatorial en aquel momento-, puedan explicar la falta de apertura. Como era de esperar, el Convenio de Albufeira (CA) entraña una mayor «sensibilidad medioambiental» y está claramente influido por la Directiva Marco del Agua (DMA).

Con la firma del Convenio de Albufeira se estableció un marco institucional: la Conferencia de las Partes y la Comisión para la Aplicación y Desarrollo del Convenio al objeto de impulsar y avanzar en la relación. Esto supuso un cambio frente a la estructura institucional previa que consistía en la Comisión Hispano Portuguesa para Regular el Uso y la Utilización de los Tramos Fronterizos de los Ríos Internacionales. Esta Comisión estaba fundamentalmente compuesta por funcionarios y representantes de las compañías con concesiones hidroeléctricas. Esta Comisión hizo su trabajo de forma rutinaria y limitada. Su jurisdicción estaba limitada al ámbito geográfico y propósito de las convenciones de 1964 y 1968 por lo que no cubría las actividades y cuestiones que surgen en la gestión de un río internacional ni la totalidad de las cuencas hispano-portuguesas. Las funciones de esta Comisión se centraban en las tareas relacionadas con la construcción de infraestructura para la utilización hidroeléctrica de los ríos.

El marco institucional establecido por el Convenio de Albufeira representa un paso adelante. Sin embargo, como se ha visto y analiza en el epígrafe relativo a los órganos de cooperación, se ha visto limitado por la falta de voluntad política y los recelos entre ambos países. Esto tiene efectos significativos en el avance de la Convención dado que son los mecanismos institucionales los encargados de aplicar y poner en práctica el Convenio. Por tanto, a pesar del avance logrado con el Convenio su aplicación es lenta y sujeta al capricho del gobernante de turno. Por ello, es urgente crear una estructura institucional independiente si se quiere lograr avances en la aplicación del Convenio.


[1]Hoy conocido como Derecho de la Unión Europea como resultado de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa que extinguió la Comunidad Europea teniendo ahora la Unión Europea personalidad jurídica. 

[2] Entre los textos de carácter doctrinal que podrían haber servido de inspiración, sobre todo al Convenio de 1968, cabe destacar las Reglas de Helsinki de 1966, publicadas por la International Law Asociation (ILA), y entre los textos legislativos está, por ejemplo, el Acuerdo sobre la Comisión Internacional para la Protección del Rin contra la Contaminación, también denominado Convenio de Berna -firmado en 1963-.

El Convenio de Albufeira (CA) entraña una mayor «sensibilidad medioambiental» y está claramente influido por la Directiva Marco del Agua (DMA).

Con la firma del Convenio de Albufeira se estableció un marco institucional: la Conferencia de las Partes y la Comisión para la Aplicación y Desarrollo del Convenio al objeto de impulsar y avanzar en la relación.

Sin embargo, este marco institucional se ha visto limitado por la falta de voluntad política y los recelos entre ambos países. Por ello, es urgente crear una estructura institucional independiente si se quiere lograr avances en la aplicación del Convenio.

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¿Es el marco institucional establecido en el Convenio de Albufeira el adecuado para la implementación de este Acuerdo?

¿Qué factores podrían obstaculizar la correcta aplicación del Convenio de Albufeira?

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