¿Pueden los ciudadanos españoles y portugueses participar en las decisiones de los organismos de cooperación hispano-lusos?

Cualquier ciudadano, en base a la legislación internacional y de la Unión Europea (Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, del que tanto España como Portugal son Parte) puede presentar solicitudes de acceso a la información a la CADC y esta está obligada a responder además de su obligación de difundir activamente información sin necesidad de una solicitud previa como es el caso de las actas de sus reuniones –desde el momento en que las mismas se consideran documentos definitivos, de acuerdo con lo previsto en el Convenio de Albufeira. Sin embargo, este derecho de acceso a la información resulta perjudicado cuando la sociedad civil desconoce la existencia y funcionamiento de una determinada institución u organismo.

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La Comisión para la Aplicación y Desarrollo del Convenio de Albufeira (CADC) es un organismo poco conocido tanto por el público en general (español y portugués) como por los propios técnicos de las respectivas administraciones del agua. Tal situación dificulta, por un lado, la articulación de la Comisión con otros organismos administrativos cuyas competencias inciden en la gestión del agua –como la misma CADC reconoce[1]– y, por otro lado, la participación pública.

Cualquier ciudadano, en base a la legislación internacional y de la Unión Europea (Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente,del que tanto España como Portugal son Parte) puede presentar solicitudes de acceso a la información a la CADC y esta está obligada a responder además de su obligación de difundir activamente información sin necesidad de una solicitud previa como es el caso de las las actas de sus reuniones –desde el momento en que las mismas se consideran documentos definitivos, de acuerdo con lo previsto en el Convenio de Albufeira. Sin embargo, este derecho de acceso a la información resulta perjudicado cuando la sociedad civil desconoce la existencia e funcionamiento de una determinada institución u organismo.

El acceso a la información mejoró a partir de 2007, desde que la página web de la CADC entró en funcionamiento. Sin embargo, como ya se ha comentado, en los últimos años no se está actualizando debidamente.  En lo que se refiere a la participación pública, no se han abierto espacios para que esta sea posible en el marco de la Convención dada la falta de convocatoria de foros para tal finalidad lo que continúa siendo una asignatura pendiente.  Si bien, en algún momento se convocaron conferencias públicas para debatir sobre aspectos diversos de la Convención, esto no puede considerarse como un foro de audiencia pública. Esto a pesar del esfuerzo desarrollado por la Comisión en 2009 en el sentido de promover la participación conjunta de la sociedad civil portuguesa y española en el ámbito de los Planes de Cuenca Internacionales. Las reuniones para tal finalidad y los resultados de las mismas pueden consultarse en: http://www.cadc-albufeira.org/es/participacion.html

Este esfuerzo por promover la participación pública en cada una de las Cuencas Hispano-Lusas pone en evidencia que la misma no se puede realizar centralizadamente -en relación a todas las cuencas compartidas por España y Portugal-, sino en cada una de ellas, pues es obvio que el público que eventualmente pueda estar interesado en participar lo estará en los problemas que afectan a su cuenca. Nos parece poco probable que el público de la Cuenca del Guadiana esté interesado en participar en un foro donde se debaten los problemas del Miño, o viceversa. Lo que sí es importante es que participen en el mismo foro los ciudadanos españoles y portugueses y que no se hagan fraccionadamente en cada uno de los países.


[1] Ver Anejo 4 del Acta de la X Reunión Plenaria de la CADC (Madrid, 18 de febrero de 2008), «Manual de procedimientos – términos de referencia», donde consta: «El elemento común a todos estos procesos es el desconocimiento generalizado sobre las atribuciones y competencias de la CADC y sobre la tramitación a que los procesos deben ser sometidos, con particular relevancia para los dirigentes y demás funcionarios de las instituciones del agua y de medio ambiente que, como sería natural, deberían orientar los procedimientos, dándole eficacia y eficiencia. En esta situación de tratamiento administrativo y técnico de los asuntos hispano-lusos en materia de aguas se asiste al arrastramiento de procesos…». Sobre la deficiente participación pública promovida por la CADC ver también: Luísa SCHMIDT, «A Participação Pública no Planeamento Hidrológico», Jornada Técnica sobre o Planeamento Hidrológico e as Alterações Climáticas no contexto transfronteiriço, organizada por la Delegación portuguesa de la CADC, Lisboa, 2008.

Cualquier ciudadano, en base a la legislación internacional y de la Unión Europea (Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, del que tanto España como Portugal son Parte) puede presentar solicitudes de acceso a la información a la CADC y esta está obligada a responder además de su obligación de difundir activamente información sin necesidad de una solicitud previa como es el caso de las actas de sus reuniones –desde el momento en que las mismas se consideran documentos definitivos, de acuerdo con lo previsto en el Convenio de Albufeira. Sin embargo, este derecho de acceso a la información resulta perjudicado cuando la sociedad civil desconoce la existencia y funcionamiento de una determinada institución u organismo.

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¿Piensas que la CADC promueve adecuadamente la participación pública?

¿Sabes cómo puedes informarte y participar en las decisiones relativas a la gestión de las cuencas hispanolusas?

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