¿Por qué una gestión participada del riesgo por sequía?

La eficacia en la aplicación de cualquier norma, plan o programa que aborde asuntos complejos requiere de la participación activa de sus destinatarios. Esto es especialmente relevante en la gestión de riesgos hidroclimáticos como sequías e inundaciones, ya que la conducta de la ciudadanía influye significativamente en la exposición al riesgo y el incremento o disminución de sus impactos. Es por ello que la participación pública activa debe ser un eje central para la adecuada elaboración de los planes de gestión de riesgo por sequía.

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Con el fin de reducir la vulnerabilidad de la población frente a los riesgos por sequía y fortalecer las capacidades sociales e institucionales, es necesario contar con la colaboración de las administraciones competentes, las partes interesadas y la ciudadanía en general. Esta participación solo es posible si la planificación y la gestión de los riesgos se plantean como un esfuerzo colaborativo en el que se involucran, desde el primer momento, todos los actores relevantes.

Por otro lado, la gestión del riesgo por sequía puede tener efectos sobre el medio ambiente, por lo que requiere una participación pública desarrollada a través de las distintas vías recogidas en el sistema del Convenio de Aarhus de 1998,[1] que establece como principales obligaciones y derechos de la ciudadanía el acceso a la información previa petición, la obligación de difusión de información, la participación del público en las decisiones sobre las políticas, planes, programas y normas, y el acceso a la justicia.

Asimismo, la Comisión Europea insiste en la necesidad de un enfoque participativo en la gestión de las sequías. En su Comunicación de 2007 “Afrontar el desafío de la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea” (ver aquí), ya apuntaba a la necesidad de elaborar planes específicos de gestión de sequía que complementen los planes hidrológicos de cuenca requeridos por la Directiva Marco del Agua, de conformidad con las disposiciones de esa Directiva (artículo 13, apartado 5). Entre estas disposiciones se incluye la de fomentar la participación activa de todas las partes interesadas en la elaboración de los planes y programas (artículo 14).

Es por todo ello que la participación pública como parte indispensable del proceso de planificación y gestión de la sequía. El objetivo debe ser identificar colaborativamente con las partes interesadas y los representantes de instituciones y colectivos sociales las principales debilidades, fortalezas y capacidades, así como las medidas mejor adaptadas al contexto institucional, socioeconómico, ambiental y tecnológico de cada municipio.

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¿Cómo emprender un proceso de participación pública?Los pasos previos para comenzar un proceso de participación pública efectivo son tres y deben desarrollarse en colaboración con los responsables municipales del CIA:

$1a)        Identificación de participantes. Se trata de identificar y elaborar una relación de aquellas instituciones, colectivos, asociaciones, empresas y usuarios, que se consideran relevantes en la gestión del CIA y en la gestión de las sequías. Para ello resulta imprescindible involucrar tanto a representantes institucionales como a organizaciones sociales y sectoriales que puedan influir en la toma de decisiones e implementación del programa de medidas para la gestión del riesgo por sequías. Los participantes serán diferentes en cada municipio según sus características socioeconómicas, ambientales e institucionales, pero podrán incluir:

$1·           Responsables institucionales con incidencia en la gestión del CIA: organismo de cuenca competente, mancomunidad, entidades o departamentos municipales, empresa concesionaria, si la hubiere, etc.

$1·           Grandes consumidores: responsables municipales de grandes consumos (piscina municipal, riego de parques y jardines, etc.), industrias conectadas o no a la red de distribución, escuelas, residencias de mayores, etc.

$1·           Representantes sociales: asociaciones de vecinos, organizaciones ambientales, asociaciones escolares de madres y padres, asociaciones de comerciantes y empresarios, comunidades de regantes y cooperativas agrarias, representantes del sector turístico, otros colectivos sociales organizados, etc.

$1·           Comunidad educativa: representantes de centros educativos (escuelas, institutos).

$1·           Generadores de opinión: medios de comunicación con mayor incidencia local.

Dependiendo del enfoque y alcance del proceso, se puede abrir la participación al público interesado, anunciando la celebración de las distintas actividades a través de otros medios: página web de los ayuntamientos, redes sociales, medios de comunicación, etc.

$1b)        Establecer las reglas del juego y gestión de expectativas. Un proceso de participación pública genera expectativas, derechos y obligaciones tanto por parte de los promotores, como de los participantes. Algunos aspectos a tener en cuenta incluyen:

$1·         Definir los objetivos, la estructura y el calendario del proceso participativo.

$1·         Clarificar cómo se procesarán los resultados del proceso de participación y el compromiso que se adquiere con los mismos, es decir, clarificar de qué manera se incorporarán en el PGRS.

$1c)         Elaborar un protocolo de participación: se trata de clarificar los pasos a seguir para el desarrollo del proceso y el responsable de cada fase. Incluiría:

$1·         Elaboración de un breve documento que describa los objetivos y características básicas del proceso de participación: porqué un plan de sequía, contenidos básicos, administraciones responsables, estructura y calendario, etc.

$1·         Envío de cartas o mensajes de invitación por correo electrónico o, en caso de que los participantes no dispongan del mismo, por correo postal o teléfono móvil (SMS o Whatsapp). En la medida de lo posible sería recomendable enviar:

$1§Al principio del proceso una carta de presentación del proceso con información de objetivos y estructura del mismo, invitando a participar y adjuntando el documento descriptivo.

$1§Al menos dos semanas antes de la celebración de cada actividad una carta de invitación a cada taller o actividad junto con la agenda para la jornada y la documentación de apoyo.

$1·         Creación de un formulario electrónico de inscripción (utilizando google docs o alguna herramienta similar) y envío del enlace a este formulario en el correo electrónico o mensaje de invitación. Los organizadores deberían llevar un registro de los participantes confirmados.

$1·         Proporcionar un número de teléfono y persona de contacto para clarificar dudas, inscribirse en las actividades o solicitar información adicional.

$1·      Llamada telefónica a los actores invitados una semana antes de la celebración del taller o actividad animando a la participación.

$1d)      Crear un espacio dedicado en la página web del ayuntamiento para poner a disposición del público la documentación que se va generando durante la elaboración del PGRS (borradores de documentos, actas de talleres y grupos de trabajo, documentos sometidos a consulta pública, documentación de apoyo, informes de seguimiento, etc.) y centralizar la información relacionada con el tema.

En los municipios en los que existan, es importante utilizar los planes o instrumentos de participación pública ya implementados u operativos, en los que ya se han identificado los grupos de interés y trabajado con los ciudadanos en la elaboración de nuevas propuestas. Este conocimiento previo contribuirá a garantizar un nivel de participación adecuado y unas aportaciones al plan enriquecedoras.

Para ampliar información sobre las características y aspectos a tener en cuenta en la promoción de la participación pública en la planificación hidrológica consultar la guía Gobernanza del agua: Participación pública en la planificación hidrológica (Ballester y La Calle, 2015), disponible aquí.



[1]El Convenio sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, cuyos principios están desarrollados en las siguientes normas comunitarias: Decisión del Consejo 2006/957/CE, Directiva 2003/4/CE, Directiva 2003/35/CE, Ley 27/2006 y Ley 21/2013, entre otras.