El regadío ha sido el principal vertebrador y beneficiario de la política hidráulica española a lo largo del siglo XX, que ha gozado de apoyo de todos los regímenes políticos. Un esfuerzo que ha permitido dotarnos de más de 1000 grandes embalses y una cantidad imprecisa en torno al millón de captaciones subterráneas. El regadío utiliza más del 80% de todos estos recursos regulados.

Con estas infraestructuras las posibilidades de utilizar el agua que discurre por nuestros ríos han aumentado enormemente desde un 7,5% del total de los recursos hídricos en el régimen natural de los ríos, hasta el 40,5% actual, lo que representa más que quintuplicar las demandas de agua, pero sobre todo aumentar la garantía de su uso permanente. 

Pero esta política centenaria, además de estos logros de fomento del regadío, la actividad económica y el abastecimiento a la población, ha reducido mucho los caudales circulantes de nuestros ríos, lo que unido a la contaminación producida por las actividades humanas nos ha conducido a un gran deterioro de nuestros ecosistemas hídricos. El drástico descenso del ritmo de construcción de embalses en la primera década del presente siglo evidencia que se trata de un modelo agotado por causas endógenas, a las que se superponen los objetivos de la DMA, que obligan a modificar estas viejas políticas para devolver al buen estado a nuestras masas de aguas.