Desde el final de la sequía de los años 1992-1995, el sector del regadío percibió claramente que se había producido, y que continuaría, un desfase entre los ritmos de crecimiento de la demanda de agua para riego y las posibilidades de aumentar la oferta de recursos hídricos. Al mismo tiempo la competencia de otros sectores productivos por el agua y sobre todo la necesidad de asegurar reservas plurianuales para el abastecimiento de la población que evitarán el injusto y bochornoso espectáculo de que una parte importante de la población española hubiera sufrido restricciones en esos años, aumentaba la sensación de precariedad de muchos de los regadíos españoles.

El Plan Nacional de Regadíos horizonte 2008 preveía modernizar 1.135 miles de hectáreas al final de este horizonte y otra cantidad igual para el siguiente, con una inversión del orden de los 3000 € por hectárea, que ha sido cofinanciada en un 65% con fondos públicos, en gran parte europeos, consiguiéndose un ahorro de agua del orden del 22% de la que consumían inicialmente. El apoyo público y la iniciativa de los regantes han dado muy buenos resultados, acercándose las realizaciones a los objetivos programados en el Plan Nacional de Regadíos.

Las actuaciones de modernización de regadíos comportan en muchos casos la introducción de sistemas de riego más eficientes, con ventajas claras para el agricultor en los años de escasez de agua y que disminuyen, al estar automatizados muchos de ellos, las necesidades de mano de obra. El ahorro de agua en parcela puede ser bastante elevado, pero no tanto a nivel de cuenca al disminuir notablemente los retornos por desagüe del exceso de agua que se aplicaba anteriormente.

Los datos disponibles muestran que en el período 2002-2011 ha disminuido en España un 15% los riegos por gravedad o aspersión y han aumentado un 17% los riegos localizados. Andalucía, Murcia y Canarias superan ya el 70% de sus riegos con sistemas localizados. Por el contrario Navarra, Aragón y Cataluña mantienen más del 50% de sus riegos por el sistema de gravedad. Parece deducirse que la modernización de los regadíos españoles avanza más por el Levante y el Sur, que por el Centro y el Norte, en relación con la mayor productividad de las primeras frente a las segundas.

Los regantes que han modernizado sus fincas han comprobado de nuevo en la sequía del 2004 al 2008 que con la mejor eficiencia en el uso del agua conseguida han podido gestionar mejor la escasa agua disponible.

En Andalucía se han modernizado 352 miles de hectáreas y se ha estimado el ahorro neto de agua  en unos 1.250 m³/ha., una vez descontada la minoración de los retornos, o lo que es lo mismo, un volumen anual de 435 hm³. Pero en el mismo tiempo han aumentado los regadíos en 290 mil hectáreas, la mayoría de olivar, con lo que realmente se ha producido un incremento del consumo total de los regadíos de un 2% respecto a 1998.

Se produce un debate en la actualidad sobre la eficiencia de las políticas de modernización de regadíos y si  han conseguido disminuir la amenaza de restricciones de agua en años de sequía y al mismo tiempo aminorar la presión sobre los recursos hídricos, mejorando el estado ecológico de las masas de agua, puesto que en muchas zonas, no solamente en Andalucía, han aumentado, al mismo tiempo, las superficies dedicadas al regadío.

Asimismo, la modernización del regadío ha propiciado la introducción de conducciones y sistemas de riego a presión, con lo cual ha aumentado fuertemente el consumo energético, cuyo coste supera con creces el de las tarifas públicas del agua que pagan los regantes.

Son dos las visiones que hay que hay que coordinar en materia de modernización de regadíos: el regante busca la máxima viabilidad de su explotación, mientras que la sociedad debe  exigir la sostenibilidad en el uso del agua y el territorio.

Para los próximos años el apoyo público a las modernizaciones de regadíos deberá atenerse al reglamento FEADER[1], cuyo último borrador prevé que únicamente se considerarán subvencionables las inversiones que permitan reducir el consumo anterior de agua en un 25% como mínimo, estableciendo un porcentaje único de contribución del FEADER aplicable al 50% del gasto público subvencionable que podrá incrementarse en un 20% en inversiones colectivas y proyectos integrados.

La modernización de regadíos viene siendo identificada -casi en exclusividad- con la sustitución de canales y acequias por una red presurizada a la demanda. El riego por gravedad ha sido descalificado frente a los sistemas de riego a presión, cuando observamos que el ahorro de agua a nivel de cuenca es muy inferior al del nivel de parcela, al existir la utilización en cascada de los retornos de riego. Por su parte, recientes trabajos avalan la idoneidad del riego por turnos en determinados supuestos (por ejemplo, las zonas de olivar regadas con aguas invernales). Los sistemas de riego deberán ser diseñados en función de las características concretas de cada zona.

Hay que traspasar la frontera de la modernización de los sistemas de riego hacia la modernización de las explotaciones de regadío: la eficiencia, la flexibilidad y el control del uso del agua deben permitir avanzar en la reorientación hacia los cultivos con mayor futuro en el marco de la PAC, con mayor demanda en los mercados, productos de calidad, con mayor margen económico y que maximicen el empleo disponible. La modernización de regadíos aumenta considerablemente el margen de maniobra del agricultor para diversificar las estrategias productivas y adaptarse al mercado: este es el camino a seguir.

La tradición heredada del regadío se visualiza a través del rico patrimonio hidráulico, paisajístico y cultural de las zonas de riego, y el reconocimiento del agua como recurso que racionalmente utilizado genera el bienestar colectivo. Los nuevos enfoques deben reconocer y poner en valor este valioso patrimonio y legado cultural que representa el rico repertorio de saberes, oficios y tradiciones de relevancia histórica incuestionable.

Es momento de revisar modelos y paradigmas de la agricultura de regadío insertándolos en los enfoques de la eficiencia en el uso del agua, la minoración de la contaminación difusa, la rentabilidad de las explotaciones, los productos de calidad y su contribución al desarrollo rural. Se impone un cambio ético en la concepción del regadío con criterios, prioridades y enfoques propios del siglo XXI.