Para analizar los puntos fuertes y débiles de la cooperación luso-española en materia de aguas internacionales, hay que abordar tanto los Convenios Hispano-Lusos como los organismos responsables por la aplicación de los mismos. Sobre los Convenios, hay que subrayar que nunca antes se había alcanzado una cooperación tan intensa y amplia como hasta 1998, con el Convenio de Albufeira (CA). Sobre la Comisión para la Aplicación y Desarrollo del Convenio de Albufeira (CADC) – principal protagonista de esta cooperación –, tenemos que reconocer que nunca antes los contactos hispano-lusos en materia de aguas habían sido tan fructíferos ni sobre cuestiones tan complejas como la aplicación de la Directiva Marco del Agua (DMA) en las Demarcaciones Hispano-Lusas.

Consecuentemente, entre los puntos fuertes de la cooperación hay que señalar la base jurídica de la misma: El Convenio de Albufeira (CA) constituye un acuerdo equilibrado y moderno porque está basado en el actual Derecho Internacional Público y en el Derecho de la Unión Europea sobre la materia. Su principal fuente de inspiración es la Directiva Marco del Agua (DMA) y su finalidad principal proteger las Cuencas Hispano-Lusas, dando prioridad al uso sostenible de las mismas y a la protección de los ecosistemas asociados (humedales).

Sin embargo, después de dos décadas de funcionamiento efectivo de la CADC, tenemos que concluir que esta se quedó por debajo de las expectativas creadas por el CA. Entre sus puntos débiles hay que señalar:

En primer lugar, la falta de dinamismo en el funcionamiento de la Comisión. Con honrosas excepciones[1], la CADC ni siquiera cumplió sus funciones prioritarias en el plazo exigido;

En segundo lugar, su actuación se reveló extremamente casuística y, por consiguiente, un tanto frágil, ya que se basaba, casi exclusivamente, tanto en el buen funcionamiento de los grupos de trabajo (GT), como en los impulsos de la Conferencia de las Partes (CoP);

En tercer lugar, la CADC no es suficientemente conocida ni abierta a la sociedad civil, por lo que la participación pública es incipiente.

Por último, la naturaleza exclusivamente gubernamental de la CADC, muy centralizada y muy dependiente de la Conferencia de las Partes (CoP), una vez que no tiene ni personalidad jurídica ni presupuesto autónomo.

Esta es, muy probablemente, la explicación más aceptable que se puede encontrar para explicar el funcionamiento poco diligente e inconstante de la Comisión. Evidentemente, la actual situación debe ser corregida, a fin de― entre otras cosas ― evitar nuevos episodios de incumplimiento del Régimen de caudales establecido en el CA, que perjudican la imagen y credibilidad de las instituciones (CADC y CoP), pues, como dice A. Barreira[2]: «… no parece aceptable que el funcionamiento de la CADC esté sujeto a los avatares políticos de ambos países y sobre todo de España en su condición de Estado aguas arriba…»

En el fondo, la solución de los que antes llamamos “puntos débiles” de la cooperación luso-Española no depende de la CADC, sino de la CoP. Es decir, los gobiernos portugués y español deben dar los pasos necesarios para dinamizar y profundizar en la cooperación en materia de demarcaciones internacionales. Para esto sería necesario: por un lado, dotar a la CADC de una estructura con personalidad jurídica, presupuesto propio, convertirla en una institución más descentralizada y más abierta a la participación de otros actores ― demandas que se vienen realizando desde el año 1999 por la sociedad civil[3]; y por otro, elaborar conjuntamente los Planes de las Demarcaciones Hispano-Lusas en lugar de hacerlo por separado – como recomienda la DMA y como ya se hace en algunas cuencas internacionales europeas de mayor dimensión que las hispano-lusas, como son el Rin y el Danubio[4].

                                                                       

[1] Ver, por ejemplo, la diligencia demostrada respecto a la prevención de inundaciones en el Tajo, durante los primeros años de funcionamiento de la CADC. En este sentido, la Deliberación III/01 sobre el GT de las inundaciones estableció unas bases técnicas para la transmisión automática de datos, concretando (en esta primera fase) el intercambio en los Centros de Control de inundaciones del INAG y de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Estas bases sirvieron para la implementación del sistema en las restantes Demarcaciones Hispano-Lusas.

[2] Cfr. Ana BARREIRA, «La gestión de las cuencas hispano-portuguesas: El Convenio de Albufeira», en Jornadas de presentación de los resultados del Panel científico-técnico de seguimiento de la política del agua, organizada por la FNCA, Sevilla, 2008, p. 9.

[3] Proyecto Ondina (1998-1999) y Proyecto IberAqua (2001-2003) realizados por Euronatura e IIDMA para fomentar, entre otros, la participación pública en la gestión de las cuencas hispano portuguesas. 

[4]Ver Planes de Cuenca del Rin y el Danubio en: http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm