La sequía es un fenómeno natural y recurrente, caracterizado por un descenso temporal de las precipitaciones respecto a los valores medios. Aunque difícilmente predecible en cuanto a su ámbito espacial, duración e intensidad, la sequía es parte de la normalidad climática peninsular y de los archipiélagos balear y canario. Cuando el descenso de las precipitaciones puede comprometer el suministro de agua para satisfacer las necesidades humanas o garantizar la salud de los ecosistemas, se convierte en un riesgo que es necesario gestionar.

Los modelos de cambio climático pronostican un aumento en la frecuencia e intensidad de las sequías en el sur de Europa. Los modelos regionalizados para España prevén además un incremento de las temperaturas; tendencia a la disminución de las precipitaciones en el ámbito mediterráneo y una alteración probable de los patrones de lluvia; incremento de la evapotranspiración real y la consiguiente disminución de la humedad del suelo, la recarga de acuíferos y la escorrentía. Estos fenómenos se irán agudizando a medida que avanza el siglo XXI.

La normalidad de este tipo de eventos en España y los pronósticos de cambio climático convierten el riesgo por sequía en uno de los retos fundamentales a los que se enfrentan los sistemas de abastecimiento urbano, y justifica la necesidad de fortalecer la planificación orientada a la prevención y adaptación frente al riesgo por sequía.

Un nuevo enfoque frente a las sequías: la gestión del riesgo

Tradicionalmente, las sequías se han gestionado como situaciones extraordinarias a través de la aplicación de medidas reactivas y de emergencia una vez se manifiestan los impactos, principalmente obras de infraestructura para aumentar la oferta de agua y compensaciones económicas para paliar los daños y pérdidas.

El sentido de urgencia sirve para desviar la atención sobre las causas fundamentales que hacen que un descenso en las precipitaciones genere situaciones de escasez, al atribuir la causalidad de la sequía exclusivamente al fenómeno natural, sin cuestionar la forma en que se gestiona y explota el recurso en períodos de normalidad. Además, el sentido de urgencia también es utilizado como pretexto para tomar decisiones que se justifican en la situación de excepcionalidad y eluden los mecanismos establecidos en la planificación en relación con el análisis coste-eficacia de las medidas, la prevención de los impactos ambientales, la evaluación de alternativas y los procesos de participación pública.

En contraposición, se necesita enfoque proactivo, orientado a la preparación, prevención y mitigación de los impactos, que pone el énfasis en la gestión del riesgo por sequía además de la respuesta ante la emergencia. Este enfoque alternativo prioriza la identificación de la vulnerabilidad (sectores, regiones, comunidades o grupos de población determinados) y propone la implementación de forma sistemática de medidas de mitigación y de adaptación que disminuyen el riesgo asociado a sequías futuras. Desde este enfoque, la herramienta fundamental para hacer frente a la sequía son los planes de gestión elaborados en base a criterios de eficacia y sostenibilidad, contando con la participación de los actores institucionales relevantes, las partes interesadas y la ciudadanía a lo largo del proceso.

Figura 1. Paradigmas de gestión de sequía

 Fuente: Elaboración propia

Planificar la gestión del riesgo

La aprobación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (PHN) introdujo en su artículo 27 un avance importante, al menos en el plano normativo, hacia el cambio de enfoque, al establecer los planes de sequía como herramienta fundamental para hacer frente a este tipo de riesgos. En el ámbito de los abastecimientos urbanos, el apartado 3 de dicho artículo establece que:

Las Administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento urbano que atiendan, singular o mancomunadamente, a una población igual o superior a 20.000 habitantes deberán disponer de un Plan de Emergencia ante situaciones de sequía. Art. 27.3. Gestión de las sequías, Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional

Sin embargo, este importante avance en la normativa no se ha trasladado en la práctica a herramientas operativas de gestión. De los 218 sistemas de abastecimiento urbano con obligación de elaborar planes de emergencia (PEM), en junio de 2018 únicamente un 8% había informado a los organismos de cuenca de que tenía un plan en vigor. Además, el requisito legal no tiene en cuenta la situación de municipios de menos de 20.000 habitantes cuyos sistemas de abastecimiento son con frecuencia más vulnerables ante situaciones de sequía.

En 2007 el Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento, publicó la Guía para la elaboración de planes de emergencia por sequías en abastecimientos urbanos,una referencia fundamental para la elaboración de PEM, especialmente para los grandes sistemas de abastecimiento. Sin embargo, en ocasiones el contenido de la guía MMA-AEAS es difícil de adaptar a las necesidades de sistemas de abastecimiento medianos y pequeños, menos robustos y con menores recursos técnicos y económicos.

La gestión de las sequías en pequeñas y medianas poblaciones requiere de un enfoque específico que tenga en cuentas sus características y necesidades particulares. Es con el objetivo de hacer frente a estas necesidades específicas que el proyecto SeGuía ha desarrollado una Guía metodológica para la elaboración participada de planes de gestión de riesgo por sequía en pequeñas y medianas poblaciones. El enfoque de esta Guía enfatiza tres aspectos diferenciales:

• Se concibe no solo para gestionar la contingencia sino, también, para abordar aquellos aspectos de la gestión ordinaria que pueden determinar el nivel de vulnerabilidad y por lo tanto las afecciones en un período de sequía.
• Se elabora desde el diálogo y colaboración con los principales actores con incidencia e interés en la gestión del ciclo integral del agua urbana (CIA), es decir, desde la participación pública.
• Se vincula expresamente con los objetivos de la planificación hidrológica y por lo tanto asume sus principios rectores: prevención, conservación y recuperación del buen estado de las aguas, uso sostenible, participación pública y racionalidad económica.

El contenido de este artículo ha sido extraído de los resultados de los trabajos realizados dentro del proyecto SeGuía (ver aquí). El proyecto ha contado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, Ministerio para la Transición Ecológica en la Convocatoria de concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos en materia de adaptación al cambio climático 2016)