Adecuar el espacio fluvial para su uso sin perjudicar las funciones ambientales propias de los ríos se ha convertido hoy en día en una prioridad tanto social como ambiental. Para ello, en los últimos años se han desarrollado muchos planes que persiguen compatibilizar la utilización del recurso agua y los diferentes usos del suelo con la conservación de los espacios fluviales.

El principal problema que se presenta en estos espacios es la colisión que se produce entre las dinámicas y características de los ríos y las de las áreas urbanas, la incompatibilidad entre el dinamismo y la diversidad propias de los primeros y la permanencia y uniformidad de las segundas. Estas diferencias hacen necesario encontrar nuevos métodos de planificación que permitan acercarnos un poco más a la convivencia de un sistema natural como el río, en un entorno ocupado por las actividades humanas. En este sentido, se han empezado a establecer limitaciones en el uso del suelo perifluvial, de forma que las actividades que se llevan a cabo sean compatibles con la ocupación ocasional del agua. Así, el análisis de las llanuras de inundación ha tomado una gran importancia en la planificación urbana, siendo incorporadas en los Planes Generales de Ordenación Urbana como un elemento restrictivo de primer orden frente al crecimiento urbano. Sin embargo, la consideración única de esta variable resulta insuficiente en la planificación de los entornos fluviales, pues son muchos más los aspectos que están presentes en estos lugares llenos de complejidad y de riqueza. La agricultura, la infraestructura hidráulica, la vegetación, la red de caminos o el patrimonio son algunos de los sucesos que nos encontramos con frecuencia y que pueden utilizarse para la recualificación y regeneración de estos espacios, en muchas ocasiones amenazados por la presión urbanística y degradados por su situación de borde en las aglomeraciones urbanas.

Resulta ineludible por tanto definir propuestas específicas de ordenación más allá de la aplicación de una norma rutinaria que sólo establece zonas donde no se puede urbanizar. Estas propuestas deberían iniciarse desde el río, recuperando en la medida de lo posible su morfología natural y diseñando los espacios interfaces como elementos de nexo entre el cauce y el territorio, potenciando así la relación entre ambos. Después debería llevarse a cabo una planificación de los usos perifluviales, estableciendo limitaciones, fomentando la multifuncionalidad, haciendo más productivas y sostenibles las zonas agrícolas, creando paisajes vivos en términos ecológicos y culturales, potenciando la accesibilidad longitudinal y transversal del corredor, fomentando las zonas susceptibles de uso público en su relación con el agua y recualificando los bordes fluviales y urbanos entre otros. Así, los corredores fluviales tendrían como objetivos principales:

• Cuantificar el potencial riesgo de inundación existente.
• Recuperar la función natural de la inundabilidad del río mediante la protección de los espacios fluviales y su recualificación.
• Limitar el uso de los espacios fluviales para hacerlos compatibles en la medida de lo posible con la ocupación transitoria del agua.
• Proteger las áreas agrícolas tradicionales de la presión urbanística.
• Recualificar los terrenos agrícolas y potenciar su uso agrícola, lúdico, cultural y ambiental.
• Crear un espacio para el uso y disfrute del ciudadano en aquellos lugares más cercanos a las ciudades.

Para delimitar los corredores de protección del espacio fluvial es necesario obtener previamente las cartografías de riesgo de inundabilidad, aspecto crucial en la definición territorial de los espacios de libertad del río. Utilizando como base la llanura de inundación de períodos de retorno entre 10 y 500 años, se deben definir diferentes corredores que supongan la recuperación por fases de los espacios para el río y la ciudadanía. Una vez delimitados estos corredores, es necesario llevar a cabo un análisis de los usos del suelo existentes para definir con detalle las propuestas de ordenación y recualificación de estos espacios. Para ello, debe realizarse una clasificación de los usos existentes en base a su compatibilidad con la ocupación transitoria del agua. Por otro lado, no pueden olvidarse las acciones urbanas, basadas principalmente en el patrimonio edificado industrial y agrícola, tanto en la valoración de elementos catalogados como puntos de articulación y de creación de lugares vinculados a los itinerarios y umbrales urbanos, como en la puesta en valor de patrimonio edificado que mediante transformaciones de rehabilitación, reciclaje, reurbanización o renovación conserven vivo la riqueza existente.

Las acciones ambientales resultan también indispensables para la recuperación ecológica del ecosistema fluvial. Así, deben definirse acciones en el cauce para su restauración, recuperando en la medida de lo posible su morfología natural, con nuevas secciones para los distintos tramos en función de la presión antrópica a la que se encuentren sometidos, al carácter urbano o rural de la zona, a las infraestructuras y usos del suelo colindantes y a la potencialidad de uso ciudadano y lúdico. Estas secciones no sólo deben tener en cuenta el límite propiamente dicho del cauce, sino que deben diseñar los espacios perimetrales como elementos de nexo entre el cauce y el territorio, potenciando así la relación entre ambos. Al respecto del sector agrícola, es necesario establecer estrategias y líneas generales de actuación que ayuden a poner en valor de los espacios dedicados a la agricultura, mejorando la eficiencia, productividad y sostenibilidad del regadío y asegurando así su permanencia. Para ello se debe trabajar principalmente sobre el parcelario existente y su infraestructura hidráulica, desarrollando un programa de medidas que sirva para impulsar una agricultura competitiva capaz de optimizar sus ventajas agroclimáticas, estructurales y de situación, de explotar su potencial de liderazgo tecnológico y comercial en algunos sectores y de fortalecer su posición en los mercados y en los distintos foros de decisión. Así mismo, se deben proponer algunas acciones en relación a la renovación y modernización del sector, no sólo en cuanto a medios técnicos, si no también de potencial humano y organización comercial de los productos agrarios.

En cuanto a los bordes urbanos, debe trabajarse en la clarificación de los umbrales urbanos y en el buen equilibrio en la relación ciudad-campo, potenciando la conexión entre lo urbano y lo fluvial y favoreciendo la accesibilidad. Se debe hacer especial hincapié en las lindes parcelarias y las tapias, en las trazas de los árboles y su labor como señalización de itinerarios, en la mejora de la visibilidad de la red de acequias en la trama urbana,… dotando a los pueblos de nuevas fachadas urbanas. Por último, el plan debe profundizar en el conocimiento de las políticas territoriales y en los agentes implicados en ámbito de estudio, tanto públicos como privados, con el fin de poner en común las experiencias y trabajos que se están llevando a cabo en el territorio, aprovechando así las sinergias existentes entre ellos que generalmente quedan relegadas por falta de difusión. De hecho, el sentimiento de identidad propia en torno al corredor fluvial supone un recurso con el que se debe construir un territorio que posee un valor inestimable.

En el caso del río Genil a su paso por la Vega de Granada, son muchas las iniciativas que se están sumando para la conservación y ordenación de este espacio agro-fluvial de un gran valor ambiental, agrícola y patrimonial. Sin embargo, su desnaturalización, la progresiva ocupación y la continua fragmentación del mismo a través de las infraestructuras viarias (segunda circunvalación y vías secundarias), están debilitando cada vez más a este lugar. La región de Granada lleva tiempo reclamando la actualización del antiguo ‘Plan Especial de Protección de la Vega de Granada’ del año 1991, para responder a las necesidades actuales de este territorio y protegerlo frente a las amenazas a las que se enfrenta en este nuevo siglo. La Vega de Granada ha sido históricamente un territorio en el que se han sucedido las avenidas, causa principal por la que el suelo presenta unas condiciones ideales para el desarrollo de la agricultura. Sin embargo, la presión antrópica en torno a su eje vertebrador, el río Genil, ha generado la necesidad de asegurar estos espacios frente a inundaciones, haciéndolos más seguros para su utilización. Así, la construcción de los embalses aguas arriba y los encauzamientos a lo largo de todo su recorrido han eliminado, en principio, las avenidas que tan beneficiosas eran para la riqueza del suelo. A cambio han proporcionado una aparente seguridad frente a las inundaciones que ha ocasionado la ocupación, en cierto modo incontrolada, de los espacios fluviales. Esta teórica ‘seguridad’, condicionada por la probabilidad de ocurrencia de las lluvias, ha quedado en entredicho con las numerosas inundaciones que han generado graves daños en las infraestructuras viarias, en la agricultura y en las viviendas colindantes. Estos hechos no son sino una ratificación de la necesidad de llevar a cabo un plan especial de ordenación del espacio fluvial de la Vega de Granada, que ponga en valor este lugar y lo proteja de las inundaciones y de la continua ocupación de estos espacios tan valiosos.

Respondiendo a esta necesidad, en el año 2012 se publicó un ‘Documento para la Concertación’ que pretendía fijar las bases estratégicas para la redacción del futuro ‘Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada’. En este documento se señalaban como objetivos principales la protección del espacio de la Vega de Granada el mantenimiento de la actividad agraria, el establecimiento de las bases para un adecuado desarrollo rural, la ordenación de los usos del suelo, la creación de un sistema de espacios públicos en torno al río, la configuración de un sistema de movilidad y la protección y rehabilitación del patrimonio. Para ello se proponía un Plan de Desarrollo Rural que asegurara el espacio productivo agrario y creara una entidad específica de gestión para la Vega, con la participación de la administración autonómica, los municipios, la Diputación Provincial y los agentes económicos y sociales con intereses en la Vega, bajo la forma de Consorcio o Fundación. Este plan de desarrollo planteaba algunas acciones estratégicas como la creación de elementos de uso público de carácter lineal en torno al río, una regulación de usos del suelo con zonas de protección paisajística, una red de carriles bici y sendas peatonales, criterios para la integración del viario y el fomento de usos alternativos para proteger bienes de interés general. Sin embargo, en el proceso de participación ciudadana se pusieron de manifiesto un gran número de reticencias hacia el modelo propuesto, por parte de otras administraciones tales como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que indicaba que no habían sido considerados aspectos importantes relacionados con la inundabilidad y los vertidos de la zona, así como del sector agrario que mostraba un descontento generalizado por la falta de acciones específicas que tuvieran como objetivo el mantenimiento del sector agrario en la Vega.

Este proceso tuvo su continuidad con la aprobación inicial del ‘Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada’ en Noviembre de 2017. Este plan tenía como principales objetivos los siguientes:

• Protección y activación del espacio agrario.
• Protección y puesta en valor del patrimonio cultural.
• Mejora de la calidad ambiental y paisajística.
• Configuración del modelo de uso público.
• Mejora de la movilidad agraria y fomento de la movilidad sostenible.
• Establecimiento de las bases para la coordinación y la cooperación entre las administraciones.

Para conseguir estos objetivos el plan proponía un programa de actuaciones integrado por 58 actuaciones organizadas en torno a los 6 objetivos del Plan y 25 líneas de actuación de temáticas específicas, de las cuales 25 eran propias del plan especial y 13 propias de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. En el proceso de participación ciudadana fueron numerosas las alegaciones realizadas por parte de todos los sectores implicados, al igual que sucedió en el año 2012 con el documento para la concertación. En primer lugar, se alababa el hecho de que la actividad agrícola fuera el elemento central del plan, pero esto no podía ser razón para obviar cuestiones implícitas a esta zona como su carácter inminentemente fluvial. Así, el plan proponía algunas medidas como la restauración ambiental de cauces y riberas, la eliminación de construcciones en el Dominio Público Hidráulico (DPH), el tratamiento de aguas residuales urbanas y su posible tratamiento con técnicas no convencionales así como la adecuación de los itinerarios fluviales. Sin embargo, la falta de coordinación con las administraciones competentes en este ámbito dejaba estas propuestas sin definir ni enmarcar en actuaciones concretas. Por otro lado, no se hacía mención alguna al carácter inundable de esta zona, no existiendo ninguna propuesta de reclasificación de suelos en función de su inundabilidad, ni la reserva de espacios para la laminación y retención de avenidas.

En relación a la ordenación y planificación de este espacio, la principal alegación presentada por diferentes agentes era que este plan había asumido las limitaciones impuestas por el ‘Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada’ (POTAUG) del año 1999, no pudiendo intervenir en cuestiones tan importantes como el problema de los bordes urbanos y la continua fragmentación de los espacios agrícolas a causa de las nuevas infraestructuras viarias. Asimismo, se dejaba patente que el plan no definía instrumentos claros normativos o de gestión más allá de los contemplados en el POTAUG, ya que a pesar de que se consideraba el espacio de la Vega como un espacio principalmente agrario, no se establecían medidas concretas que pusieran en valor este espacio. Por otro lado, la clasificación de suelo no urbanizable y sistema de espacios libres-protegidos definidos en el POTAUG y asumidos por el plan especial se consideraban claramente insuficientes para el desarrollo estratégico de la Vega de Granada. Tampoco definía un modelo territorial específico para este espacio por lo que, al contrario de lo que ha sucedido en otros lugares de características similares, no se definió un Parque Agrario de la Vega que permitiera la gestión de este espacio.

En relación a la actividad agrícola, las comunidades de regantes presentaron también su insatisfacción, pues consideraban que la consentida y constante fragmentación del parcelario así como la falta de medidas concretas para hacer rentable y sostenible una actividad que juega un papel fundamental en la conservación de este espacio, abocaba a las pequeñas y medianas explotaciones agrarias de la zona a su progresivo abandono.

En resumen, puede decirse que las propuestas realizadas por el plan espacial se consideraban faltas de una visión integradora de este espacio agro-fluvial, omitiendo cuestiones urgentes tales como la definición de un corredor agro-fluvial que tuviera un órgano de gestión propio. El hecho de que el Plan Especial haya estado supeditado al plan de ámbito supramunicipal de 1999, el POTAUG, puso de manifiesto aún más si cabe la necesidad de revisar este plan, que aunque cuenta con la aprobación de su modificación desde 2005 aún no se ha llevado a cabo. Así, para permitir que el plan especial pudiera avanzar en propuestas concretas que propiciaran la protección y potenciación del uso agrícola de esta zona y su convivencia con el sistema fluvial, sería necesario que en la revisión del POTAUG se plantearan medidas concretas como la desclasificación de suelos urbanizables que han sido considerados de alta riqueza agraria y/o que juegan un papel importante en la inundabilidad, o la reformulación de aquellas infraestructuras viarias del sistema metropolitano que aún no se han llevado a cabo y que ha quedado patente que suponen una amenaza. Este nuevo plan debería también eliminar la posibilidad de alterar los espacios de valor agrícola en el caso de ejecución de obras públicas o desarrollos urbanos, definiendo un verdadero modelo agrario-fluvial que contara con la instrumentación necesaria para permitir su puesta en marcha. Esto permitiría que el plan especial pudiera llevar a cabo algunas cuestiones que resultan de especial importancia para la vega como por ejemplo:

• Intensificar los bordes urbanos para que dejen de suponer una separación con el uso agrícola y se conviertan en una zona de intercambio o de nueva centralidad lineal.
• Integrar las áreas urbanizables y perímetros de borde a través de un programa mezclado de vivienda y usos agrícolas, enriqueciendo y aprovechando las cualidades de ambos usos.
• Evaluar las deficiencias de las áreas urbanizadas y los espacios agrícolas como foco de ideas para la planificación y el proyecto, planteando itinerarios, parcelas para cultivos o recursos educativos, lúdicos o complementarios a la cultura, o tratando y explotando el agua, residuos, reciclaje, compostaje...
• Establecer medidas para la recuperación del río y su cauce como elemento vertebrador de este espacio, así como mejorar la relación entre el espacio fluvial y el agrícola.
• Definir espacios de inundabilidad para la laminación y retención de avenidas así como una red de itinerarios fluviales.
• Supeditar la creación de infraestructuras viarias a la conservación de la actividad agrícola.
• Proponer medidas concretas para la puesta en valor del espacio agrícola, potenciando su rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo.
• Plantear una vega como territorio agrícola y fluvial lleno de singularidades y procesos de transformación, que cuente con dispositivos de evaluación, seguimiento continuo y mejora.

Así, puede decirse que los territorios agro-fluviales tienen una enorme singularidad y complejidad, por lo que requieren de planes especiales de ordenación que protejan y potencien la actividad agrícola en su relación con el río y su inundabilidad. Llevar a cabo estas actuaciones resulta urgente en muchos lugares que como la Vega de Granada, están inmersos en un proceso continuo de degradación, abandono y desaparición.