El agua y sus ecosistemas asociados constituyen un patrimonio común cuya protección y uso sostenible tiene que ser garantizado por los poderes públicos, de ahí que la Administración pública cumpla un papel fundamental como garante de estos bienes para nuestra generación y las generaciones futuras.
Además en un Estado democrático y social de Derecho las normas jurídicas son la vía usual para establecer el régimen de protección y uso sostenible que sujete tanto a las Autoridades que lo garantizan, como a los agentes económicos y a la ciudadanía que depende de este patrimonio común.
Abel La Calle Marcos es abogado especialista en derecho ambiental con una amplia experiencia en la Administración pública de seis años, en la docencia e investigación académica de veinte años, en la intervención en conflictos ambientales como las transferencia del Ebro o el Júcar -Vinalopó, así como en el movimiento social para el cambio de hacia una la política de agua de protección de los ecosistemas.
