La FNCA queremos compartir nuestro pesar por la muerte de Catarina de Albuquerque el pasado 7 de octubre de 2025.

Caterina siempre contó con nuestra admiración. Primera mujer en ser Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento (2008–2014), desempeñó una importante labor para el reconocimiento de este derecho en 2010, impulsando alianzas con diversidad de organizaciones y personas con las que favorecía espacios de encuentro y trabajo colectivo. 

Desde su óptica femenina visibilizó las desigualdades de género como principal barrera para el acceso al agua, defendiendo el papel de las mujeres como agentes de cambio y transformación en su gestión.

En 2013 tuvimos el honor de contar con su presencia en el VIII Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua organizado por la FNCA y celebrado en Lisboa, donde demandó la necesidad de reconocer el agua como una cuestión social y no meramente técnica, porque solo de esa manera sería posible evitar una crisis social derivada de la falta de equidad en su acceso, y una crisis ecológica derivada del deterioro de los recursos hídricos.

Con su partida nos deja un importante y valioso legado de trabajo que continuaremos con el compromiso de quienes creemos en la necesidad de que los derechos humanos son imprescindibles para conseguir un mundo más justo.

Por último, queremos recordar su sonrisa como muestra en esta bonita fotografía de Caterina junto a los dos Relatores que la sucedieron, Leo Heller (derecha de la foto) y el actual, Pedro Arrojo (izquieda de la foto).

La Coalición #PorOtraPAC ha elaborado 15 propuestas sobre la futura PAC. Puedes acceder al documento aquí: https://porotrapac.org/recursos/recursos-propios/

El Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes ha publicado una resolución de 4 de septiembre de 2025, por la que se incoa expediente de declaración de « Los sistemas históricos y tradicionales de regadío » como manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.

https://www.boe.es/boe/dias/2025/09/13/pdfs/BOE-A-2025-18183.pdf

Del 31 de julio hasta el 30 de noviembre de 2025 puedes enviar tu comunicación al congreso RESTAURARÍOS que se celebrará en Soria del 10 al 12 de junio. Los formatos de comunicaciones y más información sobre el congreso puedes consultarlos en: https://cirefluvial.com/congreso/envio-de-comunicaciones/ 

Ya está disponible el libro de actas del XIII Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua "Desde la escasez hacia la reasignación social y ambiental del agua" que se celebró en Salamanca en abril de 2025.

El libro recopila todos los trabajos completos que se presentaron en el Congreso relacionados con sus cuatro áreas temáticas. 

El libro de actas se puede consultar en la Biblioteca online Nueva Cultura del Agua: https://fnca.eu/biblioteca-del-agua/directorio/file/3090-libro-de-actas-xiii-congreso-iberico-de-gestion-y-planificacion-del-agua

Además se puede consultar toda la información del Congreso en: https://congresoiberico.org/

La Comisión ha presentado hoy la Estrategia de Resiliencia Hídrica. La Estrategia va acompañada de una Recomendación de la Comisión sobre el primer principio de eficiencia hídrica, así como de «fichas técnicas sobre el agua» específicas para cada país. Puede encontrar todos los documentos en los enlaces siguientes.

El EEB (European Environmental Bureau) ha manifiestado su opinión sobre la Estrategia y reconoce que, aunque hay elementos positivos, como la insistencia en la necesidad de aplicar el acervo de la UE, la estrategia carece en general de compromisos vinculantes y de financiación específica, y sólo introduce herramientas de gobernanza limitadas para apoyar la aplicación. Para más información, lea nuestra reacción conjunta sobre la ERL.

Enlaces de interés:

El manifiesto "Más allá del crecimiento económico" plantea una crítica profunda al sistema económico dominante, que se basa en la industrialización progresiva y el crecimiento económico continuo. Este modelo, según el manifiesto, ha demostrado ser inviable debido a la finitud de los recursos naturales y su impacto negativo en el medio ambiente. A pesar de las políticas de corrección y prevención ambiental implementadas desde los años 80 y 90, se argumenta que estas han sido más retóricas que efectivas. No se hecho lo necesario. 

El texto destaca que conceptos como el "desarrollo sostenible" y la "economía circular" han sido promovidos como paradigmas , si bien  los indicadores ecosociales actuales muestran que no se ha logrado una verdadera transición hacia la integración de la economía en la ecología. De hecho, se señala que los indicadores ambientales son los peores de la historia de la humanidad, lo que evidencia la necesidad de un cambio estructural en el modelo económico.

Además, el manifiesto subraya que el crecimiento económico está directamente relacionado con el consumo de recursos naturales, lo que obliga a revisar el concepto de "progreso" que esta condicionado por aquel. También se menciona que el desarrollo sostenible, aunque bien intencionado, puede ser considerado un oxímoron, ya que no ha logrado resultados positivos reales en términos de sostenibilidad.

En resumen, el manifiesto aboga por un debate abierto y pedagógico que demuestre, con acciones concretas, que es posible una economía diferente, más alineada con los principios ecológicos y sostenibles.

MANIFIESTO POR UN FUTURO MÁS ALLÁ DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

I. CONTEXTO

· La concatenación de crisis sociales, económicas, sanitarias del multilateralismo y ecológicas con un cambio climático multiplicador de las amenazas, está generando incertidumbre e inseguridad a la ciudadanía. Al mismo tiempo se  generaliza la sensación de que las instituciones públicas y también privadas no están dando las respuestas adecuadas, sirviendo de caldo de cultivo para atacar la democracia por parte de los movimientos autoritarios.

. Es preciso desarticular el relato preponderante de una sociedad basada en el crecimiento económico sin límites basado en la falaz idea de que lo civilizado es alejarse de la naturaleza y dominarla, justificando así el extractivismo de los bienes naturales y los consiguientes colonialismos y racismos. Este relato, además, ha reforzado el discurso patriarcal dominante que deja fuera de la economía las tareas reproductivas, relega a las mujeres al ámbito doméstico, recayendo en ellas las labores de cuidados en exclusiva y subordina a las mujeres a la potestad de padres, maridos, hermanos, con escaso o nulo poder y/o participación en actividades públicas/políticas.

· La Ciencia, tan apelada hoy como referente, hace tiempo que avisa de la irracionalidad del actual sistema económico dominante. La propia situación económica indica que el crecimiento exponencial es insostenible en términos
meramente cuantitativos especialmente en el Norte Global. También la Ecología hace ver desde hace más de 50 años que ese crecimiento permanente choca con la realidad que supone el carácter finito de los recursos naturales como la energía o el agua y con el carácter igualmente finito de la capacidad de absorber residuos. Los extremos de desigualdad y de reducción de la calidad de vida de amplias capas de la población señalan que ese crecimiento al servicio de unos pocos no tiene nada que ver con el progreso de la mayoría.

. Consciente de esta realidad, el Sistema Económico dominante reaccionó poniendo sobre la mesa soluciones sesgadas, falsas o antidemocráticas que además, se han demostrado insuficientes para resolver los problemas al basarse en la misma escala de valores crecentista de los problemas que pretende resolver. De hecho los límites ecológicos y el aumento de las desigualdades condicionan los límites económicos.

· Hoy, tras 50 años de estas políticas de falsa Sostenibilidad, nos encontramos a nivel planetario con los peores indicadores ecosociales de la historia. Cada vez es más evidente la necesidad de una profunda remodelación donde el Crecimiento económico deje de ser un objetivo en sí mismo y aparezca como una herramienta para el bienestar social y de mejora ecológica.

· Para todo ello se precisa un nuevo enfoque ecosocial donde la Economía se integre  en la Ecología y donde prime el valor de uso sobre el de cambio, así como una reducción del uso de materiales y energía. Esta reducción debe facilitar al mismo tiempo equilibrio ecológico y equidad entre personas, entre mundo rural y urbano y entre países Norte-Sur, fundamentalmente medida en términos de derechos humanos, brecha metabólica y huella ecológica, pues los límites de explotación de la naturaleza nacen de la misma necesidad que marcó los límites de la explotación de los seres humanos.

· El Estado y las administraciones públicas ocupan un papel relevante en primera instancia en este proceso transformador, como interfaz entre Naturaleza y Mercado. Un Estado conformado y legitimado en procesos constituyentes que garanticen los derechos y el bien general y no estén al servicio de las oligarquías económicas.

· Para ello es preciso un nuevo modelo ecosocial basado en hacer efectivos los Derechos Humanos y todo ello sobre las siguientes bases: 

• Desaprender lo conocido y normalizado, olvidar los viejos paradigmas impuestos y abrir una conversación amplia y plural que integre modelos y visiones de una economía del bienestar.
  Desmaterializar la economía al máximo posible. 
• Desmercantilizar la sociedad y evitar la financiarización de la economía. 
• Democratizar y descentralizar la gobernanza (y la propia economía).

. Se trata de un cambio profundo que requiere un nuevo equilibrio entre objetivos a corto y a largo plazo el cual no puede ser definido sólo en base a una única hoja de ruta. Es esencial buscar la confluencia, la convergencia en base a  algunos denominadores comunes avanzando en la diversidad y haciendo de la utopía un camino necesario.

· En suma, el paradigma del crecimiento económico perpetuo, arraigado en las bases de nuestro sistema socioeconómico y cultural, se encuentra en una profunda crisis. A pesar de los avances tecnológicos y el aumento de la productividad, la promesa de prosperidad universal a través del crecimiento continuo se ha revelado como una ilusión. La realidad nos confronta con una creciente desigualdad, una degradación ambiental sin precedentes y una persistente insatisfacción social traducida en muchos casos en corrientes antidemocráticas.

Este Manifiesto surge de la convicción de que es imperativo trascender la obsesión por el crecimiento y de su medidor, el Producto Interior Bruto (PIB), pues este ignora la degradación ambiental y no refleja la desigual distribución de la riqueza, aspectos básicos si queremos construir un futuro centrado en el bienestar humano y en el equilibrio ecológico.

II. PRINCIPIOS DE UNA ECONOMÍA DEL BIENESTAR

Es necesario un cambio de paradigma que nos aleje de la obsesión por el crecimiento del PIB y nos oriente hacia una economía centrada en el bienestar humano y la sostenibilidad ecológica. Esta transición implica:

• 
  · Priorizar las necesidades básicas: Garantizar el acceso universal a la alimentación saludable y sostenible, la vivienda adecuada, la salud, la educación, el agua, a los servicios energéticos basados en energías renovables, la energía limpia y otros bienes y servicios esenciales para una vida digna.
  · Promover la suficiencia: Fomentar un consumo consciente y responsable, priorizando la calidad sobre la cantidad, acabar con la obsolescencia programada, con la cultura del derroche y los consumos que no proporcionan
  bienestar real y fomentar el uso compartido sobre la propiedad individual. 
  · Reducir el impacto ambiental y regenerar ecosistemas: Transitar hacia una economía realmente circular que minimice la extracción de recursos, la generación de residuos y las emisiones contaminantes hasta situarlas por debajo de lo que la naturaleza puede absorber y regenerar. Esto implica invertir en energías renovables, mejorar los ahorros energéticos, promover la agricultura ecológica y recuperar ecosistemas degradados.
  · Fomentar la justicia social y global: Redistribuir la riqueza y el poder de forma equitativa, garantizando el acceso a oportunidades y recursos para todas las personas, independientemente de su origen, género, condición social o migratoria, incluyendo también una perspectiva global y de justicia entre el campo y la ciudad y el norte y el sur global. Denunciar, así mismo, el enriquecimiento debido a la industria armamentística.
  · Poner los cuidados en el centro: Reconocer valorar y repartir el trabajo de cuidados (remunerado y no remunerado), que es esencial para el bienestar social y la sostenibilidad de la vida, pero que tradicionalmente ha sido invisibilizado, protagonizado por mujeres y relegado al ámbito doméstico.
  · Democratizar la economía: Fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones económicas, promoviendo modelos de producción y consumo más democráticos, participativos y arraigados en las comunidades locales.

III. PROPUESTAS CONCRETAS

La transición hacia una economía del bienestar requiere la implementación de políticas públicas concretas, entre las que destacan:

• Indicadores alternativos al PIB: Desarrollar y utilizar indicadores que midan el progreso social y el bienestar de forma más integral, incluyendo dimensiones como la igualdad de género, la salud, la educación, la equidad, la sostenibilidad ambiental, la calidad de vida y de la democracia.
• Renta básica universal: Establecer como derecho para todas las personas la renta básica universal e incondicional, mediante una redistribución más justa de la renta y de la riqueza, que garantice la existencia, la cobertura de las necesidades básicas, proporcione seguridad económica, facilite la participación social y la libertad económica y política lo que contribuirá a un cambio de paradigma y a la transformación
  socioecológica que necesitamos
• Reducción de la jornada laboral: Reducir progresivamente la jornada laboral sin pérdida de salario, lo que permitiría conciliar mejor la vida personal y laboral, redistribuir el trabajo disponible y reducir la presión sobre el consumo y el medio ambiente.
• Fiscalidad justa y ecológica: Implementar impuestos -desde una perspectiva de justicia social- sobre las actividades contaminantes y el consumo de recursos naturales, incentivando prácticas más sostenibles y generando ingresos para financiar la transición ecológica.
• Condonación y cancelación de deudas: Acometer procesos generalizados de cancelación deuda especialmente los países del Sur Global.
• Inversión en servicios públicos: Fortalecer los servicios públicos de salud, educación, transporte, vivienda y cuidados, garantizando el acceso universal a derechos básicos y reduciendo la dependencia del consumo privado.
• Apoyo a la economía social y solidaria, especialmente de cercanía: Fomentar el desarrollo de cooperativas, empresas sociales y otras formas de organización económica que prioricen el bienestar colectivo sobre el beneficio
  individual y promuevan la participación ciudadana.
• Incrementar el peso del sector público en empresas de sectores esenciales como Banca , Vivienda , Transportes , Energía, etc…
• Desarrollar políticas de transición ecológica justa para garantizar que, en las transformaciones necesarias, se aseguren una alimentación saludable, sostenible y a precios justos, los medios de vida, el trabajo decente y la protección social para todas las personas trabajadoras y sus comunidades.

IV. UNA LLAMADA A LA ACCIÓN

La transición hacia una economía del bienestar es un desafío complejo que requiere un cambio profundo en nuestros valores, nuestras prácticas y nuestras instituciones. No se trata solo de cambiar las políticas económicas, sino de construir una nueva cultura basada en la cooperación, la solidaridad, la justicia y el respeto por el planeta.

Este Manifiesto es un llamado a la acción para toda la ciudadanía y para sus organizaciones sociales; para los movimientos ecologistas y organizaciones de derechos civiles; para la Academia y para distintos agentes sociales y políticos que comparten la visión de un futuro más allá del crecimiento. Les invitamos a unirse a este movimiento global, a debatir estas ideas, a proponer nuevas soluciones y a trabajar conjuntamente para construir un mundo más justo, más ecointegrado y realmente más próspero para todos.

Este Manifiesto está abierto a la adhesión de organizaciones que comparten sus principios. Este texto ofrece una versión más extensa y detallada del concepto “Más Allá del
Crecimiento”, abordando sus fundamentos teóricos, propuestas concretas y un llamado a la acción. Se busca proporcionar una comprensión más profunda del tema y fomentar la participación en este debate crucial para el futuro de la humanidad.

La Mesa Social del Agua de Andalucía critica los mecanismos de participación de la Administración autonómica en materia de agua y medioambiente

• Persiste la inclinación de la Administración autonómica a limitar al máximo los niveles de participación social eficaz
• Se mantiene un modelo aparentemente participativo que ha funcionado de forma arbitraria y errática
• Denuncian un claro desequilibrio en el seno de estos órganos a favor de algunos agentes económicos, frente a los agentes que representan intereses sociales y ambientales más amplios
• Quedan fuera del orden del día, sin información ni debate social, elementos fundamentales de la política del agua que interesan a toda la sociedad

Sevilla, 12 de marzo de 2025.- La Mesa Social del Agua de Andalucía (MSA) se ha mostrado crítica con los mecanismos de participación en materia de agua y medioambiente en el Consejo Andaluz del Agua celebrado hoy en Sevilla. En el principal órgano de consulta y asesoramiento del Gobierno andaluz en materia de agua, la MSA ha declarado que, a pesar de que perciben ligeros avances en los últimos procesos de consulta pública, persiste la inclinación de la Administración autonómica a limitar al máximo los niveles de participación social eficaz. Ante ello, la MSA insiste en que la información pública y la participación activa deben ser dos de los principios fundamentales en los que se apoye la gestión y planificación de los recursos hídricos, de los ecosistemas acuáticos y de los acuíferos. Sin embargo, tal y como la MSA ya denunció en Bruselas en el año 2023, las funciones de los órganos de participación reglada, establecidos en los últimos años por imperativo legal, chocan con las reticencias o el rechazo por parte de los representantes políticos y de los equipos técnicos, que frecuentemente los consideran meros apéndices de la estructura político-administrativa.

El conjunto de las organizaciones que forman parte de esta Mesa Social del Agua de Andalucía defiende que la mayoría de estos órganos se convocan generalmente para refrendar decisiones tomadas de antemano por la Administración y no para llevar a debate social los temas realmente candentes y que interesan a los agentes sociales. Así pues, estos órganos se han perpetuado como instancias burocráticas, con una concepción de la participación y la consulta meramente formal, pero muy poco eficaz para trasladar las cuestiones y mejoras que pudieran surgir del debate colectivo y plural necesario para este tipo de asuntos. La MSA critica que, en las reuniones de estos órganos, la mayoría de los miembros se limiten a votar o a asentir, con escaso conocimiento y trabajo previo sobre los proyectos, planes o informes, sometidos a mera consulta, sin tiempo y espacio suficientes para desarrollar debates ni enriquecerlos con prácticamente ninguna aportación. Además, cuando se producen estas propuestas de modificación, son frecuentemente laminadas por la apabullante mayoría de votos con que cuentan las Administraciones en estos órganos.

La MSA considera que la Junta de Andalucía ha venido promoviendo un modelo aparentemente participativo que funciona de forma arbitraria y errática, que se ha reunido significativamente en pocas ocasiones, y cuyos resultados han tenido escasa plasmación real en los procesos de planificación relacionados con el agua. A pesar de que se ha ampliado su número, constituyendo nuevos órganos de participación, no se ha mejorado su operatividad. Persiste un claro desequilibrio en el seno de estos órganos, en los que se da mayor participación a las Administraciones públicas en especial, pero también a representantes de algunos agentes económicos, frente a los agentes que representan intereses sociales y ambientales más amplios, lo que, a juicio de esta mesa social, constituye uno de los principales déficits democráticos del modelo participativo actual.

La imposibilidad práctica de participar ab initio en el diseño de las propuestas de la Administración acentúa aún más el desistimiento de sus miembros a la hora de prestar una colaboración activa y útil. La MSA considera que este modelo participativo se opone a los principios establecidos por el Convenio Aarhus y por la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que traspone a la normativa nacional dicho Convenio.

Sirva como ejemplo la segunda reunión del Consejo Andaluz del Agua, celebrada hoy 12 de marzo (tras su constitución formal el 22 de febrero del año 2022), un órgano cuyas reuniones deben ser, al menos, anuales (art. 12 del Decreto 477/2015, de 17 de noviembre), pero cuya primera y única convocatoria hasta ahora tuvo lugar el pasado 1 de febrero de 2023. En esta sesión, la Administración viene a informar del inicio de una nueva revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones intracomunitarias sobre las que ostenta competencias. Una vez más, la Administración informa sobre los proyectos de revisión de los planes hidrológicos y de los proyectos de planes de gestión del riesgo de inundación de las cuencas internas andaluzas una vez concluido el periodo de información pública y tras el análisis de las alegaciones presentadas. No se someten a consideración de los miembros del Consejo porque ya se habían votado previamente en los Consejos del Agua de cada Demarcación Hidrográfica. Ni se abordan las materias que han suscitado  más interés y polémica, y por supuesto no se abre debate alguno. Una muestra más, a juicio de la MSA, del tipo de funcionamiento, burocratizado, jerárquico y controlado en cierta medida por algunos intereses sectoriales que no representa a la diversidad de intereses de la comunidad andaluza en esta materia, concediendo un espacio muy limitado a la expresión de los valores sociales y del interés general.

Por otro lado, la MSA advierte que una vez más se ha desaprovechado la oportunidad en este mismo Consejo Andaluz del Agua de considerar la importancia de la revisión del Plan hidrológico de la demarcación del Guadalquivir y de la gestión de los recursos hídricos que marca el vigente plan (competencia del estado en este caso), aun cuando este río supone la parte principal de los usos consuntivos (particularmente de regadío) de Andalucía.

El orden del día del Consejo incluye también la presentación de un informe sobre los procesos de revisión de los instrumentos de planificación del riesgo de inundación en las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias de Andalucía; la actualización de los Mapas de Peligrosidad del Guadalhorce y la Revisión de la evaluación preliminar de riesgo de inundación. En opinión de la Mesa, los Planes de Gestión del Riesgo de Inundaciones (PGRI) contienen algunos avances como: reconocer las necesidades de mayor coordinación y planificación de las autoridades de Protección Civil y de los planes municipales de emergencia ante el riesgo de  inundación; como la mejora de los sistemas de alerta temprana y de comunicación a la población, el reconocimiento de las soluciones basadas en la naturaleza como medidas de especial interés, el reconocimiento de la necesidad de estrategias de comunicación social y educación en  torno a la percepción del riesgo de Administraciones, agentes sociales y ciudadanos, y el reconocimiento de la importancia de la evaluación y diagnóstico de las lecciones aprendidas con los eventos  de inundación. Sin embargo, estos avances son excesivamente tímidos y van a un ritmo demasiado lento, lo que no permite una respuesta eficaz ni acompasada al incremento de los daños por inundaciones debido tanto a la aceleración de las consecuencias del cambio climático como al resto de factores que concurren:  ocupación de zonas inundables, prácticas agrarias no adaptadas a las condiciones del terreno, creciente impermeabilización del suelo, nuevas infraestructuras de transporte que desorganizan el drenaje natural, sistemas institucionales de alerta e intervención limitados o de funcionamiento deficiente.

Por último, la MSA denuncia que en la convocatoria del Consejo quedan fuera del orden del día, sin información ni puesta a debate social, elementos fundamentales de la política del agua que interesan a toda la sociedad, y que se van desarrollando con opacidad y sin participación del conjunto de los agentes sociales. Entre estos importantes temas podemos citar los siguientes:

• El proceso de implementación de la estrategia andaluza de aguas regeneradas, que se ha presentado en los últimos años como una de las banderas emblemáticas de la política de aguas autonómica. Un proyecto presentado por Juan Manuel Moreno Bonilla en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
• La evolución errática de las decisiones sobre el canon autonómico de abastecimiento y saneamiento.
• La situación del nuevo Reglamento del ciclo integral de agua urbana, que fue anunciado en fase de información previa y del que no se tiene ninguna noticia.
• Las importantes repercusiones en el dominio público hidráulico de la política minera.
• La inexistencia de una evaluación de los efectos de la sequía sobre la agricultura familiar, social y profesional, que constituye una de columnas vertebrales delterritorio, y que sufre, con la oposición de esta Mesa, reducciones lineales de dotaciones y mecanismos de mercadeo del agua que benefician a los modelos de gran empresa cada vez más ajenos a los territorios.

Tras más de tres décadas de funcionamiento de órganos colegiados de participación en el ámbito medioambiental (Patronatos, Juntas Rectoras, Consejos, Comisiones de seguimiento,…), la MSA quiere insistir en que es necesario abordar un cambio en profundidad en la composición, competencias, objetivos y normas de funcionamiento, de tal manera que se garantice una verdadera participación de la sociedad civil. Así lo han trasladado en  la reunión del Consejo Andaluz del Agua del día 12 de marzo de 2025, con la esperanza y el empeño de no perder una nueva oportunidad para mejorar esta participación de la sociedad en la próxima revisión de los planes hidrológicos de demarcación que acaba de comenzar.

Mesa Social del Agua de Andalucía

Sevilla, 12 de marzo de 2025

2026 UN Water Conference -La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua tendrá lugar en diciembre en Emiratos Árabes. La primera ronda de acreditaciones para ONG está abierta hasta el 21 de marzo. Más información en: https://sdgs.un.org/conferences/water2026 Proceso de acreditación: bit.ly/4kjdUKP