Los gobiernos del Partido Popular de Mariano Rajoy se han posicionado sistemáticamente en contra de los intereses municipales, menoscabando sus competencias y favoreciendo la privatización de los servicios públicos que, por ley, tienen que gestionar. Esto quedó palmariamente claro cuando aprobaron la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y, en la presente legislatura, cuando se personan judicialmente a través del Ministerio de Hacienda  para entorpecer la recuperación de la gestión de los servicios públicos, como en el caso de Valladolid en el que intentan paralizar la remunicipalización del ciclo integral del agua por parte del ayuntamiento de esta ciudad, favoreciendo descaradamente los intereses de la empresa Aguas de Barcelona (AGBAR), dependiente de la multinacional francesa Suez.

Los hechos anteriores no son aislados, sino que se incardinan en una estrategia clara del gobierno central del Partido Popular de favorecer los intereses de las grandes corporaciones que especulan con el derecho humano al agua, promoviendo la privatización de los mismos y obstaculizando los procesos de remunicipalización que se están impulsando en diferentes territorios del estado español. Intentan, en definitiva, evitar que se multipliquen los procesos de remunicipalización que se están generalizando en numerosas ciudades europeas como Paris, Montpellier, Grenoble, Burdeos, Berlín, Stuttgart, Génova o Budapest.

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 que ha presentado el gobierno del Partido Popular se inscribe en esta estrategia, toda vez que su Disposición adicional vigésima séptima introduce un verdadero caballo de Troya que atenta contra la autonomía municipal al impedir la incorporación como empleados públicos a los trabajadores de las empresas privatizadas. De esta forma será prácticamente imposible que se materialicen procesos de remunicipalización de cierta envergadura, con un volumen de trabajadores considerable. Esta Disposición atenta, además, contra los derechos laborales de los trabajadores y restringe drásticamente la democracia en tanto que los ciudadanos o sus representantes electos no podrán optar por modelos de gestión públicos una vez hayan sido privatizados, quedando condenados a sufrir el oligopolio de las tres multinacionales que hacen negocio con el Derecho Humano al agua y el saneamiento. 

La Red Agua Pública llama a todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados a rechazar la Disposición adicional vigésima séptima del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.

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